La manifestación se produjo próximo a la embajada de la República Dominicana y algunos de los participantes llamaron a no viajar a la vecina nación, que conforma con HaitÃ
la isla caribeña La Española y pidieron al Gobierno del presidente, Michel Martelly, una
posición firme respeto a la sentencia, que ha sido rechazada por organismos y
paÃses extranjeros y ha afectado la relación entre las dos naciones caribeñas.
Como medida
de prevención, agentes de seguridad se apostaron en Petionville, sobre todo en
los alrededores de la embajada dominicana, pero no se reportaran mayores
inconvenientes.
El TC
resolvió el pasado 23 de septiembre que los hijos de inmigrantes indocumentados
que nacieron en República Dominicana a partir de 1929 y, por tanto, estén
registrados como ciudadanos dominicanos, perderán ese estatus al considerarse
que sus padres estaban en el paÃs “en tránsito”.
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció hoy que las violaciones al
derecho a la nacionalidad en República Dominicana se han “agravado” tras el
fallo del TC, y que considera “discriminatorio”.
La CIDH
concluyó hoy con una conferencia de prensa, una visita de cinco dÃas a
República Dominicana a lo largo de los cuales se entrevistó con el Gobierno,
autoridades estatales y responsables de organismos, asà como con representantes
de la sociedad civil.
El
presidente de la comisión, José de Jesús Orozco, denunció que un “número
indeterminado pero muy significativo” de dominicanos han sido privados
“arbitrariamente” de su nacionalidad, tras el fallo.
La Comisión
observó que la sentencia afecta “desproporcionadamente” a personas sujetas a
múltiples formas de discriminación, en particular con base en la raza y la
pobreza.
El organismo
criticó que el fallo tiene un “efecto discriminatorio” y reiteró que impacta
principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana que son afro
descendientes, priva de la nacionalidad retroactivamente y genera apátridas.
El fallo,
inapelable, fue emitido a raÃz de un recurso de revisión de amparo interpuesto
por Juliana Deguis Pierre, de 29 años, contra la JCE por una sentencia de
primera instancia que le negó la cédula de identidad y electoral.
Las
autoridades dominicanas, sin embargo, aseguran que la sentencia abre la vÃa
para regularizar el estatus de los inmigrantes indocumentados y su
descendencia.
De hecho, el
Gobierno dominicano aprobó el 22 de noviembre el Plan Nacional de
Regularización de los extranjeros indocumentados, el cual beneficiará
especialmente a los de origen haitiano, que representan casi el 90 % de la
población foránea residente en el paÃs.
De los 9,5
millones de habitantes que tiene el paÃs caribeño, se verÃan afectados unos
240.000 según cálculos de la organización Human Rights Watch (HRW).
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