China
abolirá los campos de “reeducación mediante el trabajo” y relajará la política
del hijo único autorizando a más parejas a tener un segundo vástago, anunció
hoy el Partido Comunista de China (PCCh) a través de la agencia oficial Xinhua.
En lo que
respecta a la ley del hijo único, iniciada a finales de los 70 para frenar la
superpoblación de China, el Partido Comunista promete que el país relajará la
política “autorizando a tener dos hijos” si uno de los cónyuges no tiene
hermanos, lo que podría afectar a millones de parejas.
En todo caso
el país mantendrá “la política básica de planificación familiar”, señala el
comunicado, que también habla de ajustes graduales de la polémica ley del “hijo
único”.
El régimen
comunista además reducirá el número de crímenes punibles con la pena de muerte
de manera paulatina, señaló un comunicado del PCCh, que recoge algunas
decisiones tomadas en el plenario de sus líderes, celebrado entre el 9 y el 12
de noviembre pasados.
La comunidad
internacional y organizaciones de derechos humanos han criticado durante
décadas al Gobierno chino por la imposición de trabajos forzados (en muchas
ocasiones sin sentencia judicial), el extendido uso de la pena de muerte
(también en delitos no violentos) o los abusos en la política del hijo único
(abortos y esterilizaciones forzosas).
En el caso
de la abolición de los campos de trabajo (conocidos en China como “laogai”) y
la reducción de la pena de muerte, el documento del PCCh asegura que son pasos
adelante para “mejorar la protección de los derechos humanos” y los sistemas de
corrección, castigo y reinserción de delincuentes.
Además, el
país “trabajará para prohibir la obtención de confesiones mediante la tortura y
el abuso físico” y se pedirá a los tribunales que sean estrictos y no acepten
evidencias obtenidas ilegalmente.
En un país
donde muchos abogados suelen ser perseguidos por su defensa de los derechos
humanos, el PCCh señala que los letrados “jugarán un importante papel en la
protección de los derechos legales y los intereses de los ciudadanos” y sus
derechos a la práctica legal “serán protegidos”.
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